jueves, 15 de diciembre de 2011

Tema 18. El cómputo del tiempo (cáns. 200 – 203)

           La medida del tiempo, en los ordenamientos jurídicos, es de suma importancia, ya que los derechos y deberes que los mismos regulan se desarrollan en el tiempo, y la medida del mismo tendrá consecuencias[1].

Los cánones que estudiaremos en el presente tema, ubicados en el último Título del Libro I del Código, presentan las normas generales sobre el modo de computarse el tiempo dentro del ordenamiento canónico.

1.   Normas para el cómputo del tiempo (can. 200)


Canon 200.
A no ser que el derecho disponga expresamente otra cosa, el tiempo debe computarse de acuerdo con los cánones que siguen.

Las normas del Código sobre el cómputo del tiempo tienen un carácter supletorio, ya que deben aplicarse siempre que el derecho no establezca otra cosa. Bastará, entonces, que el derecho universal, o el particular, o los propios estatutos dispongan de modo distinto a estos cánones en casos concretos, para que estos cánones no se apliquen.

2.   El tiempo continuo y útil (can. 201)


Canon 201.
§ 1. Por tiempo continuo se entiende aquel que no admite ninguna interrupción.
§ 2. Por tiempo útil se entiende el que concierne a quien usa o reclama su derecho, de tal manera que no corre para quien ignora o no puede reclamar.

Se considera tiempo continuo el que transcurre y se computa sin ninguna interrupción. Por el contrario, el tiempo útil es aquél que se concede, por decisión de la autoridad eclesiástica, al que usa o reclama un derecho, de modo que no pueda computarse cuando el interesado ignora o no puede reclamar su derecho.

En algunas ocasiones el legislador, al establecer los plazos, indica explícitamente que ha de considerarse como tiempo útil[2]. Sin embargo, en otras ocasiones no se indica si el tiempo es continuo o útil, por lo que se ha de interpretar, siguiendo la propia naturaleza del tiempo, como tiempo continuo.

3.   Unidades de medida del tiempo (can. 202)


Canon 202.
§ 1. En derecho, se entiende por día el espacio de 24 horas contadas como continuas, y comienza a la media noche, a no ser que se disponga expresamente otra cosa; la semana es un espacio de siete días; el mes, un espacio de 30, y el año, un espacio de 365 días, a no ser que se diga que el mes y el año hayan de tomarse según el calendario.
§ 2. Si el tiempo es continuo, el mes y el año se han de computar siempre según el calendario.

El Código define con precisión las diversas unidades de medida del tiempo, que se utilizan en el ordenamiento canónico.

El día ha de entenderse el espacio de veinticuatro horas, contadas como continuas, y comenzando a media noche, siempre que no se disponga otra cosa[3].

La semana debe entenderse como el espacio de tiempo comprendido en siete días. En el Código solamente aparece la alusión a la semana en dos ocasiones[4].

El mes puede considerarse de dos maneras distintas. Si se trata de tiempo útil, el mes es el espacio de treinta días. En cambio, si se trata de tiempo continuado, el mes tiene tantos días como tiene el calendario. Esta medida de tiempo, el mes, es muy utilizada en el ordenamiento canónico para establecer los plazos[5].

Por último, el año  también puede considerarse de dos maneras distintas. Si se trata de tiempo útil, el año debe considerarse el año natural de trescientos sesenta y cinco días. En cambio, si se trata de tiempo continuo, entonces el año tendrá que computarse según el calendario, teniendo en cuenta el año bisiesto. También encontramos en el Código el cómputo de plazos señalados en años[6].

En algunas ocasiones, la edad, que es la medida de años cumplidos por la persona, es requisito para poder ejercer derechos, o ser idóneo para asumir determinados oficios eclesiásticos[7]. 

4.   El día “ad quo” y el día “ad quem” (can. 203)


Canon 203.
§ 1. El día a quo no se cuenta en el plazo, a no ser que su inicio coincida con el principio del día o que el derecho disponga expresamente otra cosa.
§ 2. Si no se establece lo contrario, el día ad quem se incluye en el plazo, el cual, si consta de uno o más meses o años, o de una o más semanas, termina al cumplirse el último día del mismo número o, si el mes carece de día del mismo número, al acabar el último día del mes.

Para computar los plazos en el ordenamiento canónico, hay que tener presente el día “ad quo”  y el día “ad quem”.

a) El día “ad quo”, que es el día en el que se inicia el plazo, no se cuenta al menos que el inicio del plazo coincida como el comienzo del día, es decir, a las 0 horas de la madrugada., o que el derecho mismo disponga de otra cosa.

b) El día “ad quem”, que es el día en el que finaliza el plazo, se computa el día entero, es decir, las veinticuatro horas. Además, hay que tener en cuenta que si el plazo consta de uno o más meses o años, o de una o más semanas, termina la cumplirse el último día del mismo número o, si el mes carece de día del mismo número, al acabar el último día del mes[8].




[1] Circunstancias como la entrada en vigor de las leyes; la determinación de la mayoría de edad, a partir de la cual se obtiene el pleno ejercicio de los propios derechos y deberes; los plazos en el desarrollo de los procedimientos para realizar actos jurídicos o de los procesos judiciales; la prescripción y la costumbre que adquieren carácter formativo, ponen de relieve la importancia de una formativa reguladora del cómputo del tiempo.

[2] Así,  por ejemplo, en los cáns. 162; 165; 1505 § 4; 1592 § 2; 1599 § 2; 1606; 1634 § 2; 1641, 2º; 1668 § 2; 1744§ 1
[3] Cf. cáns. 159; 166 § 3; 177 § 1; 179 § 1; 182 § 1; 421 § 1; 649 § 2; 697; 700; 1039; 1138; 1451 § 2; 1460 § 3; 1463 § 3; 1505 § 4; 1506; 1507 § 2; 1513 § 3; 1630 § 1; 1637 § 3; 1644 § 1; 1649 § 2; 1655 § 2; 1659 § 1; 1661; 1668 §§ 2 y 3; 1677 §§ 2 y 4; 1682 § 1; 1734 § 2; 1735; 1736 § 2; 1737 § 2; 1742 § 1

[4] Cf. cáns. 533 § 2; 1609 § 5

[5] Cf. cáns. 57 § 1; 72; 102 § 2; 153 § 2; 158 § 1; 161; 165; 177 § 2; 189 § 3; 268 § 1; 379; 382 § 2; 395 §§ 2 y 4; 410; 418 § 1; 437 § 1; 533 § 2; 648 § 1; 649 § 1; 653 § 2; 657 § 3; 696 § 1; 1031 § 1; 1035 § 2; 1115; 1116 § 1; 1152 §§ 2 y 3; 1357 § 2; 1453; 1506; 1520; 1610 § 3; 1623; 1633; 1644 § 1; 1646 §§ 1 y 2; 1655 § 2

[6] Cf. cáns. 26; 78 § 3; 120 § 1; 235 § 1; 236; 246 § 5; 250; 272; 377 § 2; 378 § 1; 396 § 1; 399; 413 § 1; 489 § 2; 492 § 2; 494 § 2; 501; 502 § 1; 525; 648 § 3; 657 § 2; 665 § 1; 684 § 2; 693; 723 § 2; 745; 953; 956; 1270; 1362 § 1; 1383; 1453; 1621  

[7] Cf. cáns. 11, 97, 111 § 2; 112 § 1; 354; 378 § 1; 401 § 1; 425 § 1; 478 § 1; 538 § 3; 643 § 1; 656; 658; 863; 874 § 1; 1031; 1083 § 1; 1252; 1323; 1324 § 1; 1395; 1420 § 4; 1478 § 3; 1550 § 1

[8] Veamos algunos ejemplos: a) una semana, a partir del 24 de febrero:  se cumple el tres de marzo o el dos de marzo, si es año bisiesto, a las 24 horas; b) un mes a partir del 31 de enero: se cumple el 28 o 29 de febrero, a las 24 horas; un mes a partir del 24 de enero: se cumple el 24 de febrero, a las 24 horas ; c) un año a partir del 31 de enero: se cumple el 31 de enero del año siguiente, a las 24 horas; 105 días a partir del 4 de agosto: se cumple el 17 de noviembre, a las 24 horas.

Tema 17. La prescripción (cáns. 197 – 199)

 

1. Definición.

           
            La prescripción se puede definir como un instituto jurídico por el cual una persona, física o jurídica, adquiere o pierde un derecho o se libera de una obligación por el transcurso del tiempo cuando se verifican las condiciones prescritas por la ley.

2. Canonización de la legislación civil (can. 197)


Canon 197.
La Iglesia recibe, tal como está regulada en la legislación civil de la nación respectiva, la prescripción como modo de adquirir o perder un derecho subjetivo, así como de liberarse de obligaciones, quedando a salvo las excepciones que determinan los cánones de este Código.

            En materia de prescripción, la Iglesia recibe y canoniza la legislación civil de cada país o de cada territorio, salvo las excepciones que determina el Código canónico, a tenor del canon 197. La ley civil, al ser canonizada, obliga y surte los mismos efectos en el ordenamiento canónico.

             La legislación española en materia de prescripción se encuentra recogida en el Código Civil, Art. 1930 –1975, Título XVIII, De la prescripción.

2.   Los elementos principales de la prescripción en el Código Civil español


            Los elementos principales de la prescripción, según el Código Civil español, son seis, a saber:

1.1. Sujeto capaz de la prescripción (Art. 1931)


            Toda persona, física o jurídica, que sea capaz de adquirir esos mismos bienes o derechos por otros títulos, los puede también adquirir por prescripción. El concepto de sujeto es muy amplio.

1.2. La materia apta para la prescripción (Art. 1930 y 1936).


            Son susceptibles de prescripción todas las cosas que están en el comercio de los hombres. También el concepto de materia es muy amplio.

 1.3. La posesión continuada de la cosa (Art. 1940, 1943, 1944, 1945).


            Para que se pueda producir la prescripción, se ha de poseer la cosa con el ánimo de retenerla como propia, y de usarla según derecho; o bien ostentar el derecho pretendiendo ser titular del mismo. La posesión, dice el Art. 1941, ha de ser en concepto de dueño, pública, pacífica y no interrumpida. La interrupción puede ser natural o civil.

            a) Se denomina interrupción natural, si se cesa en la posesión de la cosa por más de un año.

            b) La interrupción será civil, cuando por citación judicial se reclame el bien, dejando de ser la ocupación pacífica para pasar a ser litigiosa.

1.4. El tiempo.


            El tiempo es el periodo marcado por la ley para que ese derecho se consolide. El Código Civil distingue entre prescripción ordinaria y extraordinaria.

            a) Prescripción ordinaria (Art. 1940). Para que la prescripción ordinaria se produzca, se necesita poseer la cosa de buena fe y por el tiempo marcado por el derecho y con justo título. El tiempo es de 10 años entre presentes y de 20 años entre ausentes, si se trata de bienes inmuebles; y 3 años si se trata de bienes muebles. En este caso solamente se requiere buena fe y no justo título. Se considera ausente al que reside en el extranjero o en ultramar.

            b) Prescripción extraordinaria, requiere como único requisito el paso del tiempo, ni justo título ni buena fe. En la prescripción extraordinaria el paso del tiempo es mayor: 6 años para los bienes muebles y 30 años para los bienes muebles.

1.5.  El justo título (Art. 1952)


            Por justo título se entiende el Principio que determina que una persona posee o ha adquirido legítimamente un derecho. Es decir, es el documento que justifica la adquisición de una cosa. Es requerido en el caso de la prescripción adquisitiva ordinaria. Este es necesario para transmitir el dominio o derecho real de la cosa prescrita. No se presupone que se tiene sino que ha de probarse.

1.6.  La buena fe (Art. 1950)


            La buena de del poseedor consiste en la creencia de que la persona de quien recibió la cosa era dueño de ella, y que podía transmitir su dominio. La buena fe siempre se presupone que se tiene.
 

2. Excepciones  del derecho canónico con respecto a la prescripción (cáns. 198 – 199)


             Las excepciones que el Código establece, con respecto a la legislación civil, sobre el instituto jurídico de la prescripción, podemos clasificarlas en tres apartados.

2.1. Principio general (can. 198)


Canon 198.
 Ninguna prescripción tiene validez si no se funda en la buena fe, no sólo al comienzo, sino durante todo el decurso de tiempo requerido para la misma, salvo lo establecido en el c. 1362.

            Es importante tener presente que, en la legislación canónica, ninguna prescripción tiene validez si no se funda en la buena fe, no sólo al comienzo, sino también durante todo el decurso del tiempo requerido para la misma. Por esta razón, el ordenamiento canónico no admite la prescripción extraordinaria del Código Civil, que la admite sin la buena fe. El ordenamiento canónico apuesta por la verdad objetiva sobre la seguridad jurídica.

            A tenor del canon 1362, toda acción criminal se extingue por prescripción a los tres años, a no ser que se trate:
           
            1.º  de los delitos reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe;

2.º  de la acción por los delitos de los que se trata en los cáns. 1394, 1395,  1397 y 1398, la cual prescribe a los cinco años;

3.º de los delitos que no se castigan por el derecho común, si la ley particular determina otro plazo para la prescripción.

            En las acciones criminales, el tiempo para la prescripción comienza a contarse a partir del día en el que se cometió el delito, o, cuando se trata de un delito continuado o habitual, a partir del día en que cesó.


2.2. Bienes y derechos no sujetos a prescripción (can. 199)

            En el ordenamiento canónico existe una serie de bienes y derechos que están exentos de prescripción, a saber:

1.ª Los derechos y obligaciones que son de ley divina natural o positiva;
2.ª Los derechos que sólo pueden obtenerse por privilegio apostólico;
3.ª Los derechos y obligaciones que se refieren directamente a la vida espiritual de los fieles.
4.ª Los límites ciertos e indudables de las circunscripciones eclesiásticas.
5.ª Los estipendios y cargas de Misas;
6.ª La provisión de un oficio eclesiástico que, por derecho, requiere el ejercicio del orden sagrado.
7.ª El derecho de visita y el deber de obediencia, cuya prescripción haría que los fieles no pudieran ya ser visitados por ninguna autoridad eclesiástica, ni quedasen sometidos a autoridad alguna.

2.3. Normas diversas sobre prescripción


            Existen diversidad de normas sobre la prescripción que están recogidas en otros cánones del Código, así:

            1) Referente a los privilegios. Se afirma que el privilegio que no es oneroso para otros, no cesa por desuso o uso contrario. Sin embargo, sí prescribe  el que redunda en gravamen de otros; es decir, prescribe el privilegio que resulta ser una carga[1].

            2) Referente a los bienes temporales. Como norma general se establece que los bienes temporales están sujetos a prescripción[2]. Esto quiere decir que se aplica y se debe aplicar a la prescripción o pérdida de bienes eclesiásticos. Es decir, un bien que está en posesión de una persona jurídica pública, puede prescribir a favor de una persona física o a favor de otras personas jurídicas públicas eclesiásticas. Aquí surge una duda, según el canon 1257, que establece que los bienes de una persona jurídica privada, que no son bienes eclesiásticos, sí están sujetos a la prescripción canónica o civil[3].

            3) Referente a las cosas sagradas.  El Código también habla de cómo afecta la prescripción de las cosas sagradas[4], estableciendo que las cosas sagradas tampoco prescriben. Una cosa sagrada es aquella que está dedicada al culto por dedicación o bendición[5]. Sin embargo, si el bien sagrado está  en dominio de personas privadas, físicas o jurídicas, pueden ser adquiridas por prescripción también por otras personas privadas (o también por personas jurídicas públicas).




[1] Cf. can. 82

[2] Cf. can. 1268

[3] Hay autores que consideran que sí están sujetos a la prescripción canónica, porque están incluidos en los cánones de las normas generales (can. 197 ss) y no en los cánones del Libro V, De los bienes temporales.

[4] Cf. can. 1269

[5] Cf. can. 1171.

Tema 16. Los oficios eclesiásticos (cáns. 145 – 196)

         1. Definición (canon 145).

Canon 145.
§ 1. Oficio eclesiástico es cualquier cargo, constituido establemente por disposición divina o eclesiástica, que hay de ejercerse para un fin espiritual.
§ 2. Las obligaciones y derechos propios de cada oficio eclesiástico se determinan, bien por el mismo derecho por el que se constituye, bien por el decreto de la autoridad competente que lo constituye y a la vez lo confiere.

            El canon da una definición clara, no siendo frecuente que el Código dé definiciones, a modo de diccionario: Oficio eclesiástico es cualquier cargo, constituido establemente por disposición divina o eclesiástica, que hay de ejercerse para un fin espiritual.

            Los elementos que encontramos en esta definición son los siguientes:

            1º.- En primer lugar, cargo (munus). El término munus se emplea en el Código de forma muy extensa, significando: tarea, ministerio, obligación, encargo, misión, función... Por tanto, según el contexto significará una cosa. En definitiva, cargo es una tarea que se tiene que realizar, pero entendida en un sentido muy amplio.

            2º.- Este cargo o munus debe ser constituido establemente. Es decir, el oficio eclesiástico tiene que ser estable. No se refiere esto a que ha de ser constituido con estabilidad, ya que no se refiere a la persona. El oficio eclesiástico es independiente a la persona que lo desempeña; tiene entidad en sí mismo, propia. El oficio eclesiástico es estable en sí mismo, independiente de que sea desempeñado por uno o por otro, incluso que no lo desempeñe nadie[1].

            3º.- Por disposición divina o eclesiástica. Es indiferente, para la existencia del oficio eclesiástico, que proceda por derecho divino o por derecho eclesiástico, es decir, instituido por Cristo o por la autoridad eclesiástica.

            4º.- Tiene que ejercerse para un fin espiritual. Se deja claro que el oficio eclesiástico debe tender, más o menos, mediatamente a la misión de la Iglesia y, en último término, debe colaborar a la salus animarum. Es la colaboración con el fin de la Iglesia lo que legitima el oficio eclesiástico.

            Hemos de destacar la concepción tan amplia que tiene el Código vigente del oficio eclesiástico. Cualquier actividad en la Iglesia puede ser considerada un oficio eclesiástico.

            Ha habido una evolución en este sentido con respecto a la legislación anterior. Así, en el anterior Código-1917, en el canon 145, que tenía dos parágrafos: en el primero, consideraba oficio eclesiástico, en sentido amplio, a todo cargo para un fin espiritual. Sin embargo, en el segundo, consideraba el oficio eclesiástico en sentido estricto: el oficio eclesiástico era aquél que requería una participación de potestad, sea de orden o de jurisdicción.

            En el actual Código-1983 se ha desvinculado el oficio eclesiástico de la potestad, por lo que puede haber un oficio eclesiástico con potestad y un oficio eclesiástico sin potestad, pero que todos son oficios eclesiásticos.

            De lo dicho anteriormente, se desprende que los laicos puedan desempeñar, en sentido propio, oficios eclesiásticos, si han sido llamados por los Pastores. Entre los derechos y deberes de los laicos se les reconoce su capacidad para desempeñar oficios eclesiásticos (con carácter de estabilidad) y encargos (con carácter de eventualidad), según las disposiciones del derecho[2].

            En el Código-1917, por el contrario, no se reconocía la capacidad del laico para ejercer un oficio eclesiástico, en sentido estricto, al llevar anejo éste la potestad[3].

            Otra novedad importante del actual Código con respecto al anterior, es que en el Código-17 influía mucho, en el concepto de oficio eclesiástico, el llamado sistema beneficial. Muchos oficios eclesiásticos llevaban consigo la percepción de determinadas rentas. Al clérigo se le asignaba un oficio eclesiástico y un beneficio, gozando de las rentas de la dote asignada al oficio eclesiástico[4]. Este sistema beneficial, que puede ser criticado desde nuestra concepción actual, propiciaba que el oficio se considerase preponderantemente, o con cierta entidad, en relación al patrimonio asignado, sin tener en cuenta tanto el servicio a los fieles. Así el clérigo, al que se le asignaba un oficio eclesiástico, miraba más el patrimonio que el servicio a los fieles.

            Es en este contexto cuando el Concilio Vaticano II, en  Presbyterorum ordinis presenta una filosofía distinta en lo referente al oficio eclesiástico[5], resaltando el derecho de los presbíteros a la justa remuneración, siendo deber de los Obispos recordar a los fieles esta obligación que tienen de atender económicamente a los sacerdotes; y deben, además, procurar en su diócesis la honesta sustentación de los presbíteros.


         2. Función e importancia del oficio eclesiástico.


            El oficio eclesiástico cumple una función e importancia en la organización, en el gobierno y en el servicio de la Iglesia, por cuatro razones: La primera, es que el oficio presenta un marco fijo y claro de las obligaciones y derechos al servicio de los fieles; las segunda, es que prevé adecuadamente a unas tareas que necesitan atención permanente; en tercer lugar, también permite, la continuidad de los servicios o funciones de gobierno por encima de la sucesión de personas. Por último, en cuarto lugar, sirve de instrumento de transmisión canónica de la potestad.

            El conjunto de obligaciones y derechos de un oficio puede venir determinado por el mismo derecho. Hay oficios que están configurados por el derecho, por ejemplo: el oficio de vicario general, el oficio de párroco, el oficio de arcipreste... En estos casos, la autoridad, a quien corresponde conferir el oficio, que será la que el derecho determina, no tiene autoridad para modificar la configuración del oficio[6].

            La autoridad también puede constituir oficios, inventarse oficios, que no estén configurados en el derecho, siempre que tenga competencias para ese oficio. En este caso, los derechos y deberes del oficio serán aquellos que se determinen en el decreto de constitución del oficio. Lo normal será que en el mismo decreto con el que crea el oficio nombre también a una persona para que lo desempeñe[7].

         3. Provisión del oficio eclesiástico (can. 146).


Canon 146.
Un oficio eclesiástico no puede obtenerse válidamente sin provisión canónica.

            La provisión es la asignación del titular del oficio. Es decir, consiste en nombrar a una persona para que desempeñe el oficio. Se nos dice que esta asignación del titular del oficio debe ser canónica, en conformidad con  las normas del ordenamiento jurídico de la Iglesia; lo contrario sería nulo.

            Hay una preocupación grande en la Iglesia de reivindicar su autonomía, con respecto a la autoridad civil, en la provisión de los oficios eclesiásticos, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II[8]. Este pensamiento conciliar ha sido recogido en los Acuerdos para los asuntos jurídicos  entre la Santa Sede – Estado español, en el Art. 1.

            3.1. Autoridad competente para la provisión de los oficios (can. 148)

Canon 148.
La provisión de los oficios compete a la misma autoridad a quien corresponde erigirlos, innovarlos o suprimirlos, a no ser que el derecho establezca otra cosa.

            La norma es clara: la provisión de los oficios corresponde a la autoridad eclesiástica a la que corresponde erigirlos, innovarlos o suprimirlos, salvo que el derecho establezca otra cosa[9].

            3.2. Cualidades del sujeto pasivo (cáns. 149 – 151)

            Veamos las prescripciones sobre las condiciones necesarias para todos los oficios eclesiásticos, y las especiales para los oficios con cura de almas.

            3.2.1. Para todos los oficios (can. 149)

Canon 149.
§ 1. Para que alguien sea promovido a un oficio eclesiástico, debe estar en comunión con la Iglesia y ser idóneo, es decir, dotado de aquellas cualidades que para ese oficio se requieren por el derecho universal o particular, o por la ley de fundación.
 § 2. La provisión de un oficio eclesiástico hecha a favor de quien carece de las cualidades requeridas, solamente es inválida cuando tales cualidades se exigen expresamente para la validez de la provisión por el derecho universal o particular, o por la ley de fundación; en otro caso, es válida, pero puede rescindirse por decreto de la autoridad competente o por sentencia del tribunal administrativo.
§ 3. Es inválida en virtud del derecho mismo la provisión de un oficio hecha con simonía.
           
            Los dos requisitos fundamentales para recibir oficios eclesiásticos son la comunión eclesiástica y la idoneidad.

            En cuanto a la comunión eclesiástica, el fiel ha de estar libre de censuras eclesiásticas para desempeñar el oficio, y estar unido a Cristo a través de la estructura visible de la Iglesia, con los vínculos de la profesión de fe, la participación en los sacramentos y la obediencia a la autoridad eclesiástica[10].

            Por otra parte, la idoneidad para un oficio eclesiástico debe juzgarse conforme a los requisitos que fijan para el mismo tanto la ley universal como la ley particular[11], así como a la ley fundacional del oficio en cuestión. El juicio de idoneidad de un candidato para la provisión del oficio eclesiástico debe realizarlo aquella autoridad que ha de hacer provisión canónica del mismo. Es posible que se prescriban que la autoridad deba previamente realizar determinadas consultas, tanto obligatorias como facultativas, que le ayuden a realizarse un certero juicio sobre la idoneidad del candidato[12].

            Es inválida la provisión hecha de un oficio eclesiástico si ha mediado simonía[13], es decir, si el que hace la provisión recibe algún tipo de compensación económica.

            3.2.2. Para los oficios con cura de almas (cáns. 150 – 151)

Canon 150.
 El oficio que lleva consigo la plena cura de almas, para cuyo cumplimiento se requiere el ejercicio del orden sacerdotal, no puede conferirse válidamente a quien aún no ha sido elevado al sacerdocio.

            Los oficios que incluyen funciones de cura de almas[14], y por tanto requieren el ejercicio del orden sacerdotal,  para la validez de su provisión canónica, el derecho reclama que el sujeto candidato haya recibido el segundo grado del sacramento del Orden.    

            Dentro de esta categoría de oficios con cura de almas, el Código contempla también la existencia de oficios que suponen cierta participación, aunque no plena, en el cuidado pastoral de los fieles, tales como los ministerios de lector y acólito que se confieren a los varones laicos[15], y aquellos que se asignan a los diáconos, confiándoles de manera estable la celebración del bautismo o la asistencia a los matrimonios.

Canon 151.
No se retrase sin causa grave la provisión de un oficio que lleve consigo cura de almas.

            La cura de almas o atención espiritual de los fieles, que podríamos traducir, se refiere sobre todo al ejercicio del orden sagrado sobre los fieles. Si esta cura de almas es plena y, por tanto, se requiere en la provisión del oficio el sacerdocio no puede conferirse al que no es sacerdote. Lo único que habría que decir es que solamente sería válido encomendarlos a un obispo o a un presbítero, pero nunca a un diácono dado que el diaconado no es un ministerio sacerdotal[16].

            3.2.3. Oficios incompatibles (can. 152)

Canon152.
A nadie se confieran dos o más oficios incompatibles, es decir, que no puedan ejercerse a la vez por una misma persona.
           
            Deben considerarse oficios incompatibles aquellos que no deben ser realizados al mismo tiempo por la misma persona. La incompatibilidad puede ser material o legal.

            La incompatibilidad es material cuando el sujeto no puede realizar simultáneamente dos o más oficios, dadas las limitaciones de tiempo o espacio en el que se encuentre sometido su titular. Para evitar que se produzcan tales situaciones, queda bajo la responsabilidad de la autoridad competente evitar las incompatibilidades.

            En cuanto a la incompatibilidad legal, la norma canónica, universal o particular, puede prohibir el ejercicio simultáneo de determinados oficios[17]. Pero además, el Código establece prohibición legal sobre la designación de determinadas personas para asumir algunos oficios[18].


            3.2.4. Normativa para la provisión de los oficios eclesiásticos (cáns. 153 -154)

            La provisión de los oficios eclesiástico está sujeta a unas normas generales:

            3.2.4.1. El oficio debe estar vacante (can. 153)

Canon153.
§ 1. La provisión de un oficio que, según derecho, no está vacante, es ipso facto inválida, y no se convalida por la vacación subsiguiente.
 § 2. Sin embargo, si se trata de un oficio que, según el derecho, se confiere para un tiempo determinado, la provisión puede hacerse dentro de los seis meses anteriores a la terminación de aquel plazo, y surte efecto desde el día de la vacación del oficio.
 § 3. La promesa de un oficio, quienquiera que la haga, no produce efecto jurídico alguno.
           
            En el momento de la provisión del oficio, éste debe carecer de un titular legítimo. Es inválido, por consiguiente, la provisión de un oficio que, según derecho, no esté vacante.

            Como excepción a esta norma el canon establece que, si se trata de un oficio que, según el derecho, se confiere para un tiempo determinado, la provisión puede hacerse dentro de los seis meses anteriores a la terminación de aquel plazo, y surte efecto desde el día de la vacación del oficio[19]. La ventaja que tiene esto es la continuidad del oficio, que no quede vacante; sin embargo, es un procedimiento que puede herir susceptibilidades.

            Si el oficio está vacante de derecho, pero de hecho está siendo ocupado por otro que está haciendo las funciones, en ese caso se hace la provisión sin más del oficio. Con respecto a la persona que ha estado haciendo las funciones no existe obligaciones para con ella, aunque se le haya hecho promesa[20].

            3.2.4.2. Si el oficio está ilegítimamente ocupado (can. 154)         

Canon 154.
El oficio vacante conforme a derecho que alguien detenta ilegítimamente puede conferirse a alguien con tal de que se haya declarado en debida forma que dicha posesión no era legítima, y se mencione esta declaración en el documento de colación.
           
            Puede, también, darse el caso de que alguien detente ilegítimamente el oficio. Para estas situaciones el Código exige que se declare, en el mismo documento con el que se hace la provisión del oficio, que el que estaba detentando el oficio lo estaba ocupando ilegítimamente. Se presupone que el que ha de dejar el oficio, no lo hace de buen grado, por lo que actuando de esta manera, es decir, declarando su ocupación ilegítima,  se sale al paso de posibles dificultades o recursos.


         4. Provisión supletoria del oficio (can. 155)


Canon 155.
El que confiere un oficio supliendo a quien no pudo o descuidó el hacerlo, no adquiere por ello ninguna potestad sobre la persona a quien se lo ha conferido, sino que la condición jurídica de ésta es la misma que si se hubiera hecho la colación según la norma ordinaria del derecho.
           
            Este canon presenta un mecanismo para hacer suplencia en el oficio[21], cuando el titular no cumple con su cometido en el tiempo y en el modo debido, culpable o involuntariamente.
            En el caso de provisión supletoria, no se crea ningún vínculo especial de subordinación entre el que ha hecho la provisión y el que la ha recibido, que permanece en la dependencia jerárquica propia del oficio que ha recibido[22].


         5. La provisión debe hacerse por escrito (can. 156)


Canon 156.
Consígnese por escrito la provisión de cualquier oficio.

            La provisión de un oficio debe consignarse por escrito. Este canon recuerda una norma general recogida en el canon 37: El acto administrativo que afecta al fuero externo debe consignarse por escrito; igualmente su acto de ejecución, si se realiza en forma comisoria; también en el canon 51: El decreto ha de darse por escrito, y si se trata de una decisión, haciendo constar los motivos, al menos sumariamente. Es decir, el canon 156 no aporta nada que no supiéramos ya.

            Si conviene destacar que en los cánones indicados: 37, 51 y 156, en ninguno de ellos se dice que la escritura sea requisito para la validez. Por tanto, no es requisito ad validitatem, para la validez, que tenga que otorgarse por escrito el nombramiento, conforme al canon 10: Se han de considerar invalidantes o inhabilitantes tan sólo aquellas leyes en las que expresamente se establece que un acto es nulo o una persona es inhábil. Esto quiere decir, que si se otorga el nombramiento de forma verbal tiene los mismos efectos que el nombramiento hecho por escrito, siendo la única dificultad que el titular del oficio pueda demostrar que lo es. Lo normal será que, quien ha recibido un nombramiento verbal, seguidamente reciba el nombramiento por escrito.


6. Diversos modos de realizar la provisión (cáns. 157 – 183)


         6.1. La libre colación (can. 157)


Canon 157.
A no ser que el derecho establezca expresamente otra cosa, compete al Obispo diocesano proveer por libre colación los oficios eclesiásticos en su propia Iglesia particular.

            Es una designación digital, hecha a dedo. El que tiene que hacer la provisión designa al que ha de ocupar el oficio eclesiástico. Este es el modo ordinario de designar al titular de un oficio en la Iglesia particular, en la diócesis, a no ser que el derecho establezca otra cosa. La autoridad es el Obispo. Los Vicarios generales o episcopales no pueden hacer provisión de oficios eclesiásticos, a menos que el Obispo les haya delegado tal competencia; solamente pueden hacer provisión del oficio de capellán, a tenor del canon 565: El capellán es nombrado por el Ordinario del lugar, a quien también pertenece instituir al que se le presenta o confirmar al elegido, si no se establece otra cosa por el derecho o no competen legítimamente a alguien otros derechos especiales.

            La única limitación que el derecho puede imponer al Obispo es que consulte a una persona o a un colegido.

            Dada la absoluta discrecionalidad, no arbitrariedad, de la autoridad en este modo de provisión, no hay que dar más normas, no hay que regular nada más.

         6.2. Presentación e institución (cánones 158 – 163).


            Cuando se da esta figura, que tiene que decirse concretamente, se parte de que el derecho debe regular a quién compete la presentación y qué autoridad es la que debe instituir al presentado para el cargo[23].
           
            6.2.1. La presentación (cáns. 158 – 162)   

            1º.- El que tiene el derecho a presentar debe hacerlo, si no se ha establecido otro plazo en el estatuto o derecho particular,  dentro de los tres meses desde el momento que tuvo noticias de que el oficio estaba vacante[24].
           
            2º.- El derecho de presentación puede corresponder a una persona física, al Superior, o bien a un colegio o grupo de personas. Si es una persona física, no puede ésta presentarse a sí misma, pero si es un grupo o colegio sí puede presentar a uno de sus miembros[25]. El que tiene el derecho de presentación puede presentar para el mismo oficio vacante a uno o a varios candidatos de modo simultáneo o sucesivo, salvo que el derecho particular establezca otra cosa, por ejemplo: una terna[26]. En el caso de que la presentación sea sucesiva no se entenderá como revocación del primero sino como alternativo.

            3º.- Si el candidato presentado no es idóneo, el que tiene derecho a presentar puede ejercer su derecho otra vez en el plazo de un mes[27]. Si el nuevo candidato presentado es considerado nuevamente no idóneo, el que tiene derecho a la presentación pierde tal derecho por esa vez. Es una norma para evitar picaresca.

            4º.- Tampoco se debe presentar a nadie en contra de su voluntad[28]. Por tanto, el candidato propuesto puede ser presentado si, al ser consultado sobre su voluntad, no rehúsa en el plazo de ocho días útiles. Antes de presentar a un candidato se le debe comunicar y consultar su disponibilidad. El interesado tiene ocho días útiles (Se entiende por tiempo útil aquél que mientras no se tenga conocimiento del hecho no corre el plazo) para pensárselo y poder rehusar. En caso de rehúse habría que hacer una nueva presentación o elegir a otro candidato; en caso de silencio del candidato, que no responda, se entiende que acepta.

            5º.- El candidato puede renunciar antes de hacerse la institución. En caso de renuncia o fallecimiento del candidato antes de ser instituido en el oficio, causas no imputables a quien hace la presentación, puede éste ejercer el derecho de presentar un nuevo candidato en el plazo de un mes[29]. No se establece limitación de candidatos.

            6º.- Para instituir al candidato presentado es necesario que éste acepte el oficio[30].
           
            7º.- Si no se han observado los plazos establecidos para hacer la presentación, o si se han pasado los plazos inútilmente, o bien se ha presentado por dos veces personas no idóneas, se penaliza al que tiene el derecho de presentación perdiendo dicho derecho por esa vez. La provisión del cargo u oficio corresponderá por libre colación al que tenía que instituir, con el consentimiento –si no es él mismo- del Ordinario propio[31].

           
6.2.2. La institución (can. 163)

Canon 163.
La autoridad a la que, según derecho, compete instituir al presentado, instituirá al legítimamente presentado que considere idóneo y que haya aceptado; si son varios los legítimamente presentados y considerados idóneos, debe instituir a uno de ellos.

La autoridad competente debe realizar un juicio sobre la idoneidad del candidato, que no es lo mismo que elegir al candidato que más le gusta. La consideración de la idoneidad debe hacerse conforme a un juicio objetivo, viendo si reúne los requisitos establecidos para ocupar el oficio. Si este juicio es positivo, si el candidato cumple con las condiciones establecidas, la autoridad tiene la obligación de instituirlo en el mismo. En caso de que sean varios los candidatos presentados, y sean todos idóneos, la autoridad puede instituir a cualquiera de ellos[32].

         6.2.2. Elección y confirmación (cáns. 164 – 179)


Canon 164.
Si el derecho no determina otra cosa, obsérvense en las elecciones canónicas las prescripciones de los cánones que siguen.

            Es un canon introductorio a todo este apartado, en el que se indica que todos los demás cánones que siguen, 165 – 179, son de carácter supletorio. Es decir, deben seguirse siempre que no se diga otra cosa en el derecho, o que no esté recogido en los estatutos. Así pues, primero hay que mirar los estatutos y si no dice nada, o no se especifica otra cosa en el derecho, deberá seguirse las indicaciones recogidas en estos cánones.

            Otra cosa que hay que tener en cuenta es lo que el canon dice  obsérvense en las elecciones canónicas”. Esto quiere decir que han de observarse en todas las elecciones realizadas conformes al Código canónico, y no solamente para elegir para un oficio eclesiástico.

a)      Tiempo para efectuar la elección (can. 165)

Canon 165.
A menos que el derecho o los estatutos legítimos del colegio o grupo prevean otra cosa, si un colegio o grupo tiene derecho de elegir para un oficio, no debe diferir la elección más allá de un trimestre útil, a contar del día en que se tuvo noticia de la vacación del oficio; transcurrido inútilmente ese plazo, la autoridad eclesiástica a quien compete el derecho de confirmar la elección, o, subsidiariamente, de proveer, proveerá libremente el oficio vacante.   
           
            Este es un canon muy parecido a lo que hemos dicho sobre la presentación[33]. La norma es prácticamente la misma. Para que un oficio sea previsto por elección ha de constar en el derecho. Desde la vacante, los que tienen la obligación de elegir disponen de tres meses útiles para la elección. En caso de que ésta no se produzca en el periodo establecido, la autoridad que ha de confirmar elegirá por libre colación.

            Otra cosa a tener en cuenta en este canon, es que el término colegio no ha de entenderse como un grupo de iguales que delegan en su presidente la autoridad, sino que se ha de entender en un sentido más amplio, como generalmente se entiende en el derecho[34]. En estos cánones siempre se utilizan conjuntamente los términos colegio o grupo. Por consiguiente, el cuerpo elector ha de interpretarse en sentido amplio.

            Una excepción sería que se puede proveer la elección, cuando el oficio se ha otorgado por un tiempo determinado, en los seis meses últimos de manera que el oficio no quede vacante.

         b) Cómo se procede a la elección (can. 166)

Canon 166.
§ 1. El presidente del colegio o del grupo debe convocar a todos sus miembros; y la convocatoria, cuando deba ser personal, será válida si se hace en el lugar del domicilio, cuasidomicilio o residencia.
§ 2. Si alguno de los que debían ser convocados hubiera sido preterido, y por tanto estuviera ausente, la elección es válida; pero a petición del mismo, después de probar su preterición y ausencia, la elección debe ser rescindida por la autoridad competente, aun después de confirmada, con tal de que conste jurídicamente que el recurso se interpuso al menos dentro de los tres días después de recibir la noticia de la elección.
§ 3.  Pero si hubieran sido preteridos más de la tercera parte de los electores, la elección es nula de propio derecho, a no ser que todos los no convocados hubieran estado de hecho presentes.

            Todos los miembros deben ser convocados por el presidente del colegio. La convocatoria cuando debe ser personal, para la validez, deberá hacerse en el lugar del domicilio, cuasidomicilio o residencia. El problema es saber cuándo la convocatoria debe ser personal de manera que otra forma de realizar la convocatoria (p.e.: hoja diocesana, internet, etc.) sea inválida.

            La convocatoria será personal cuando se determine expresamente en los estatutos; también deberá suponerse cuando se trata de un colegio cuyos miembros están muy dispersados.

            El canon no da pie a presumir la convocatoria personal, pero sí la mente del legislador está en que la convocatoria ha de llegar a todos los miembros. En caso de duda, por pequeña que sea, habrá que optar por la convocatoria personal, a fin de evitar problemas posteriores de recursos e impugnaciones.

            Los parágrafos posteriores son importantes. Según el § 2, si alguno de los que han de ser convocados ha sido preterido y no está presente (las dos cosas han de concurrir: haber sido preterido y no estar presente), la convocatoria y la elección es válida, pero el preterido y ausente dispone de tres días para probar su preterición y ausencia; probada ésta, la autoridad deberá rescindir la elección, aunque ésta haya sido confirmada.

            A tenor del § 3, en el caso de que hayan sido preteridos más de la tercera parte de los electores, la elección es nula, a no ser que todos los no convocados estén presentes; si falta uno, la elección es nula.

         c) Cómo se realiza la votación (cáns. 167 -168)

Canon 167.
§ 1. Hecha legítimamente la convocatoria, tienen derecho a votar quienes se hallen presentes en el lugar y el día señalados en la convocatoria, quedando excluida la facultad de votar por carta o por procurador, si los estatutos no dispone legítimamente otra cosa.
§ 2. Si alguno de los electores se halla presente en la casa donde se celebra la elección, pero no puede asistir a la misma por enfermedad, los escrutadores recogerán su voto escrito.

            Tienen derecho a votar todos los que están presentes en el lugar y día señalados en la convocatoria, no siendo válida la votación por carta o por procurador, si los estatutos no disponen otra cosa. Podría discutirse si el canon admite la votación por presencia no física pero sí virtual[35].

            El § 2 es una excepción, que procede del derecho de los religiosos. Si el que ha de votar está en donde se celebra la votación, no pudiendo acudir por encontrarse indispuesto por enfermedad, los escrutadores recogerán su voto.

Canon 168.
Aunque alguien tenga derecho a votar en nombre propio por varios títulos, únicamente podrá emitir un voto.

            El canon establece claramente que solamente se puede emitir un voto; si alguien tuviera el derecho a votar por varios títulos, solamente podrá emitir una sola votación.

         d) Para la validez de la elección: votación y libertad (cáns. 169 – 170)

Canon 169.
Para que la elección sea válida, ninguna persona ajena al colegio o grupo puede ser admitida a votar.

            Ninguna persona ajena al colegio o grupo puede emitir voto alguno; en caso de producirse, la votación será inválida prescindiendo del resultado. Este canon, sin embargo, no excluye el que esté presente personas ajenas al colegio elector mientras se realiza la elección.

            También es cuestión distinta que vote un miembro del colegio que no tiene derecho a votar por alguna razón legal, la votación sería en ese caso válida aplicándose el canon 171 § 2, que veremos un poco más adelante.

Canon 170.
La elección cuya libertad se haya impedido por cualquier causa es inválida de propio derecho.

            La elección ha de ser libre y siempre que la libertad se haya impedido, prescindiendo de la causa concreta, la votación es nula. El principio es claro: el acto electoral ha de ser ejercido en libertad[36]. Lo que será difícil es probar la falta de libertad de los electores.

            El canon 1375 establece una pena facultativa e indeterminada para quienes impidan la libertad de elección o coaccionen al elector o a el elegido. Es un delito que tiene que ser sancionado. En cualquier caso, el miedo grave o el dolo, tomados en sentido amplio, hacen inválido el voto[37]. Esto es una excepción a la norma general, pues como veíamos, el miedo grave o el dolo no hacía inválido el acto[38]. Cualquier otra causa que haga que el voto no sea libre lo hace inválido, siempre que pueda probarse.

         e) Están inhabilitados para la votación (canon 171)

Canon 171.
§ 1. Son inhábiles para votar:
1  el incapaz de actos humanos;
2  quien carece de voz activa;
3  el sujeto a una pena de excomunión impuesta por sentencia judicial o por decreto condenatorio o declaratorio;
4  el que se ha apartado notoriamente de la comunión de la Iglesia.
 § 2. Si es admitido alguno de los antedichos, su voto es nulo, pero la elección vale, a no ser que conste que, prescindiendo de él, el elegido no habría obtenido el número necesario de votos.

            Este canon presenta aquellas personas que son inhábiles para votar:

1.º  el que es incapaz de poner actos humanos.

2.º  quien carece de voz activa. Carece de voz activa quien es inhábil para votar[39]

3.º  el que está sujeto a una  pena de excomunión impuesta por decreto o sentencia, o porque hubo una excomunión latae sentenciae, siendo posteriormente declarada.

4.º el que se ha apartado notoriamente de la comunión de la Iglesia. Aquí la dificultad estará en la valoración de la notoriedad. Esta no es simple publicidad, sino que quiere decir que ha de ser tan patente que es imposible ocultarse. También será difícil valorar el grado de estar apartado de la comunidad eclesial. En todo caso, lo que sí tenemos que decir, en conformidad con el canon 18, dado que se refiere a la inhabilidad, es que la interpretación ha de ser estricta.

            Si vota una persona inhábil para votar, aunque sea miembro del colegio, el voto es nulo si, prescindiendo del ese voto, el candidato no hubiera conseguido la mayoría absoluta necesaria.        
        
f) Requisitos para la validez del voto (canon 172)

Canon 172.
§ 1. Para que el voto sea válido, se requiere que sea:
1  libre; por tanto, es inválido el voto de quien, por miedo grave o dolo, directa o indirectamente, fue obligado a elegir a determinada persona o a varias disyuntivamente;
2  secreto, cierto, absoluto, determinado.
§ 2. Las condiciones añadidas al voto antes de la elección se tienen por no puestas.

Además de la libertad, para que el voto sea válido, el canon 172 señala otras cuatro condiciones:

1.º Que sea secreto. La votación a manos alzada es inválida, si no se especifica en los estatutos. No afectaría al secreto y, por tanto, a la validez del voto el hecho de que antes o después de la votación el elector hiciera publicidad de su voto. Sin embargo, en el momento de la elección el voto ha de ser secreto.

2.º Que sea cierto. Es decir, que manifieste con claridad la voluntad del votante; que se sepa al leerlo que ha votado a un candidato.

3.º Que sea absoluto. Que no imponga ninguna condición. Si se ponen condiciones antes de la elección se tendrán por no puestas.

4.º Que sea determinado. Que señale a un candidato concreto y determinable. El voto  en blanco es un voto indeterminado, por lo que es nulo.

            El voto que se diera a sí mismo un miembro elector, en el Código-1917, canon 170, era nulo. Es difícil de probar que alguien se ha votado a sí mismo, al menos que el resultado sea coincidente con la totalidad de los electores. En el nuevo Código-1983, el votarse a sí mismo es válido, pues alguien podrá considerarse así mismo como candidato idóneo.

g) Formalidades en la votación (canon 173).


Canon 173.
§ 1. Antes de comenzar la elección, deben designarse al menos dos escrutadores de entre los miembros del colegio o grupo.
§ 2. Los escrutadores han de recoger los votos y comprobar ante el presidente de la elección si el número de papeletas corresponde al número de electores, así como examinar los votos y hacer público cuántos ha conseguido cada uno.
§ 3. Si el número de votos es superior al de electores, la votación es nula.
§ 4. Quien desempeña la función de actuario debe levantar cuidadosamente acta de la elección, la cual, firmada al menos por el actuario, el presidente y los escrutadores, se guardará con diligencia en el archivo del colegio.

            Este canon hace referencia a algunas formalidades que han de seguirse en la votación. Se parte del supuesto de que la votación se realiza por escrito y mediante papeleta. De todas las maneras, no se excluirán otros sistemas que garanticen técnicamente lo que establece el canon 172. Lo normal es que las votaciones se realicen mediante papeletas.

            Las formalidades que han de seguirse para la votación son las siguientes:

1.º  Hay que designar dos escrutadores, que han de ser miembros del colegio (canon 173 § 1), que recojan los votos y comprobar, ante el presidente de la elección[40], si el número de papeletas corresponde con el número de electores. También examinarán los votos y hacer público cuántos han obtenido cada uno (canon 173 § 2). En el caso de que el número de papeletas supere al de electores, la votación es nula (canon 173 § 3).

2.º Debe haber un secretario o actuario, que no dice que tenga que ser miembro del colegio. Es tradicional que sea el miembro del colegio más joven. Éste levanta acta y la firma junto con el presidente y los dos escrutadores. El acta se guarda en el archivo del colegio[41]. El Código-1917, en el canon 171 § 4, mandaba algo que el nuevo  Código-1983 no habla: quemar las papeletas de la elección. Esta prescripción no está mandada aunque es recomendable la destrucción de las papeletas a fin de garantizar el secreto del voto.

h) Elección por compromisario (canon 174).


Canon 174.
§ 1. La elección, si no disponen otra cosa el derecho o los estatutos, puede hacerse también por compromiso, siempre que los electores, previo acuerdo unánime y escrito, transfieran por esa vez el derecho de elección a una o varias personas idóneas, de entre sus miembros o no, para que, en virtud de la facultad recibida, procedan a la elección en nombre de todos.
§ 2. Si se trata de un colegio o grupo formado sólo por clérigos, los compromisarios deben haber sido ordenados; si no, la elección es inválida.
§ 3. Los compromisarios deben cumplir las prescripciones del derecho acerca de la elección y deben atenerse, para la validez de la elección, a las condiciones puestas en el compromiso que no sean contrarias al derecho; las condiciones contrarias al derecho se tendrán por no puestas.

            Un método extraordinario para hacer la elección es por medio de compromisario. La norma general es que se puede hacer la votación por compromiso, a no ser que expresamente esté prohibido. El compromiso consiste en transferir o pasar el derecho de elección, que tiene que ser por unanimidad aprobado por los miembros del colegio, según el canon 119 § 3, para un caso concreto o específico, a una o varias personas, que pueden pertenecer o no pertenecer al colegio, siempre que sean idóneas. La idoneidad la ha de considerar el propio colegio. Para la validez, se dice que si el colegio está formado de facto por clérigos, el compromisario tiene que ser también clérigo.

            Carece de relevancia las razones por las que se hace la transferencia del derecho. Suele realizarse cuando existen grandes divisiones en el colegio para la elección, al requerir los estatutos una mayoría cualificada.

            Los compromisarios, en el caso de que sean más de uno, deberán cumplir todas las prescripciones del derecho acerca de las normas canónicas para las elecciones: cómo se convoca el colegio, cómo se constituye la mesa de votación, cómo se vota... Nada obsta para que los compromisarios elijan a uno de ellos, incluso si el compromisario es uno solo no hay obstáculo para que se elija él mismo.

            Los compromisarios, para la validez, deberán atenerse a las condiciones –no contrarias a derecho– establecidas en el documento escrito de transmisión del derecho de elección. Las condiciones contrarias a derecho se tienen por no puestas.

i) Cómo se recupera el derecho de voto (canon 175).


Canon 175.
Cesa el compromiso y los electores recuperan el derecho de voto: 1/ por revocación hecha por el colegio o grupo, mientras la cosa está íntegra; 2/ por no haberse cumplido alguna condición puesta al compromiso; 3/ una vez realizada la elección, si fue nula.

            Sólo se puede revocar la decisión de transferir el derecho de elección en los siguientes casos:

1.º Mientras que esté íntegra la cosa. Es decir, mientras los compromisarios no hayan actuado convocando para la elección. Si los compromisarios han convocado la cosa ya no está íntegra.

2.º Por no haberse cumplido alguna condición de las establecidas.

3.º Una vez realizada la elección, si ésta es nula.








7. El elegido (cáns. 176 – 177)


7.1. La proclamación del elegido (can. 176)


Canon 176.
Si no se dispone otra cosa en el derecho o en los estatutos, se considera elegido, y ha de ser proclamado como tal por el presidente del colegio o del grupo, el que hubiera logrado el número necesario de votos, conforme a la norma del c. 119, 1 .

            El canon no tiene dificultad. Según disponga el derecho o los estatutos, se considera elegido el candidato que hubiera logrado el mayor número de votos en la elección, debiendo ser proclamado como tal por el presidente.
           

7. 2. La comunicación y aceptación de la elección (can. 177)


Canon 177.
§ 1. La elección se ha de notificar inmediatamente al elegido, quien, dentro de ocho días útiles después de recibir la comunicación, debe manifestar al presidente del colegio o del grupo si acepta o no la elección; en caso contrario, la elección no produce efecto.
§ 2. Si el elegido no acepta, pierde todo derecho adquirido por la elección y no lo recupera por una aceptación subsiguiente, pero puede ser elegido de nuevo; el colegio o grupo debe proceder a una nueva elección en el plazo de un mes desde que conoció la no aceptación.

Una vez realizada válidamente la elección, y se ha proclamado el elegido, se le ha de comunicar inmediatamente, en el caso de que no esté presente. El elegido tiene ocho días útiles para manifestar al presidente del colegio su aceptación o no aceptación del oficio para el que ha sido elegido. Si no acepta o no dice nada en los ocho días, la elección quedará sin efecto. El elegido pierde todo derecho sin que pueda reclamar nada, pero puede ser elegido nuevamente.

            Desde que dice no, o desde el octavo día desde que recibió la notificación, el colegio tiene un mes para hacer una nueva elección. Si el elegido está presente y comunica que no acepta el oficio nada obsta para que se pueda hacer inmediatamente una nueva elección. No se pone límites al número de elecciones dentro de los plazos señalados.

8. Tipos de elecciones (cáns. 178 –179)


En el derecho canónico existe dos tipos de elecciones: las elecciones que no necesitan confirmación de la autoridad eclesiástica y las que sí necesitan confirmación de dicha autoridad.




8.1. Elecciones que no necesitan confirmación de la autoridad eclesial  (can.178)


Canon 178.
Al aceptar una elección que no necesita ser confirmada, el elegido obtiene inmediatamente el oficio de pleno derecho; en caso contrario, sólo adquiere un derecho a él.

El candidato elegido, en una elección que no necesite confirmación, obtiene inmediatamente el oficio de pleno derecho[42].

8.2.       Elecciones que necesitan confirmación de la autoridad eclesial (can. 179).

Canon179.
§ 1. Si la elección necesita ser confirmada, el elegido ha de pedir la confirmación de la autoridad competente, por sí, o por otro, en el plazo de ocho días útiles a partir del día de la aceptación de la elección; en otro caso, queda privado de todo derecho, a no ser que pruebe que por justo impedimento no le fue posible pedir la confirmación.
§ 2. La autoridad competente, si halla idóneo al elegido conforme a la norma del c.149 § 1, y la elección se hizo según derecho, no puede denegar la confirmación.
§ 3. La confirmación debe darse por escrito.
§ 4. Antes de que le sea notificada la confirmación, no puede el elegido inmiscuirse en la administración del oficio, ni en lo espiritual ni en lo temporal, y los actos eventualmente puestos por él son nulos.
§ 5. El elegido adquiere el oficio de pleno derecho una vez notificada la confirmación, a no ser que el derecho establezca otra cosa.

El candidato elegido, mientras no sea confirmado en el oficio, no puede inmiscuirse en ningún acto propio del oficio, ni en lo espiritual ni en lo temporal, y tampoco puede realizar actos jurídicos[43]. Todo esto afecta a la validez del acto.

La autoridad a la que compete la confirmación, que ha de darla por escrito, sólo puede denegar la confirmación en los siguientes casos:

1.º  Si el elegido no está en comunión con la Iglesia. Esta falta deberá ser verificable, constatable. Igualmente, deberá ser interpretado este requisito de manera estricta, puesto que lleva consigo el coartar el derecho a ejercer un oficio[44].

2.º   También si no es idóneo. Es decir, si no cumple con las cualidades que se requieren para desempeñar ese oficio. La interpretación deberá ser también de modo estricto.

3.º   Cuando la elección no se llevó a cabo conforme a derecho.

La confirmación, al ser un acto reglado y obligado para la autoridad, si el candidato electo reúne los requisitos establecidos la autoridad deberá confirmarlo. En caso de denegación, ésta puede ser recurrida por el que se sienta perjudicado en derecho[45]. También podrá ser recurrido el decreto de confirmación por aquella persona que considere que existen razones por las que el electo no debe ocupar el oficio.

No se dice nada del plazo que tiene el Ordinario o autoridad para confirmar al electo. Como no se dice nada, a tenor del canon 57, se entenderá que tiene tres meses. Transcurrido los tres meses, si existe silencio, si la autoridad no se ha definido confirmando o denegando la confirmación, se entenderá que es denegada. A partir de entonces quien se siente perjudicado puede interponer recurso.
           

9.  La postulación y admisión (cáns. 180 – 183)


            La postulación y admisión son una variante de la elección. La norma general, a no ser que el derecho establezca otra cosa, es que el colegio o grupo tiene también el derecho de realizar la postulación.

9. 1. La postulación  (can. 180)


Canon 180.
§1. Si a la elección del que es considerado más apto y es preferido por los electores se opone un impedimento canónico que puede y suele dispensarse, pueden éstos, mediante sufragio, postularlo a la autoridad competente, a no ser que el derecho disponga otra cosa.
§ 2. Los compromisarios no pueden hacer esta postulación, si no se les ha facultado expresamente en el compromiso.

La postulación consiste en que el colegio o grupo elector considera como candidato apto y preferido, por reunir las cualidades requeridas, a uno que se encuentra afectado por un impedimento de derecho eclesiástico,  que puede ser dispensado y que de hecho se dispensa[46].

Los compromisarios, al menos que hayan recibido tal facultad, no pueden realizar la postulación.

9.2. Normas para la postulación (cáns. 181 – 183)


Las normas específicas que rigen la postulación, para que ésta sea válida, son fundamentalmente dos:



9.2.1 Se requiere mayoría de 2/3 y voluntad de postular (can. 181)

Canon 181.
§ 1. Para la validez de la postulación se requieren al menos los dos tercios de los votos.
§ 2. El voto para la postulación se debe manifestar mediante la palabra postulo u otra equivalente; y la fórmula elijo o postulo, u otra equivalente, vale para la elección si no hay impedimento, y de haberlo, para la postulación.

1.º  Debe existir una mayoría cualificada de 2/3 de los electores. Si se siguiera la elección, a tenor del canon 119, las tres votaciones exigibles deberán tener los 2/3 de los votos. Si en tercera votación no se llega a los 2/3, entonces habrá que realizar una nueva elección de candidato, quedando excluido el candidato anterior.

2.º Que haya una manifestación expresa de la voluntad de postular por parte de los electores en caso de que conozcan la existencia del impedimento en el candidato, aunque solamente exista duda de que esté afectado por el impedimento.

Es decir, el legislador se preocupa de que el votante manifieste la doble voluntad: la de elección y la de postulación. Las palabras postulo o elijo u otras equivalentes, no son requisitos para la validez, sino para que los electores manifiesten su voluntad, además de elegir, el de postular.


9.2.2.  Plazo para comunicar la voluntad de postular (can. 182)

Canon 182.
§ 1. Dentro de ocho días útiles, el presidente debe enviar la postulación a la autoridad competente a quien corresponde confirmar la elección y conceder la dispensa del impedimento, o pedirla, si carece de esta potestad, a la autoridad superior; cuando no se requiere confirmación, la postulación debe transmitirse a la autoridad competente para que conceda la dispensa.
§ 2. Si la postulación no se envía dentro del plazo establecido, es ipso facto nula, y el colegio o grupo queda privado por esa vez del derecho de elegir o postular, a no ser que se pruebe que el presidente no envió la postulación a tiempo por un justo impedimento o por dolo o negligencia.
§ 3. Quien ha sido postulado no adquiere derecho alguno por la postulación; la autoridad competente no tiene obligación de admitirla.
§ 4. Los electores no pueden revocar la postulación hecha a la autoridad competente, si no es con el consentimiento de ésta.

Una vez realizada la postulación, el presidente del colegio tiene el plazo de ocho días para enviarla a la autoridad competente, a quien le corresponde la confirmación de la elección y conceder la dispensa del impedimento. Si la elección no necesita de confirmación, a tenor de los estatutos, el presidente sí tendrá que enviar la postulación a la autoridad competente, para que dispense del impedimento.

Queda oscuro en el canon si la autoridad competente para confirmar la elección no es la misma para dispensar el impedimento. Lo más normal será que corresponderá a dicha autoridad pedir a la autoridad superior la dispensa del impedimento. Una vez conceda la dispensa entonces confirmará la elección.

Si la postulación no se envía en el plazo de los ocho días, que es un plazo perentorio, es ipso facto nula, quedando privado por esa vez el colegio del derecho de elegir o postular, a no ser que sea por causa grave o negligencia o dolo del presidente. En caso de que la postulación sea nula, la autoridad competente dotará para el oficio por libre colación.

Quien ha sido postulado no adquiere derecho alguno por la postulación. La dispensa es un acto gracioso, discrecional, de la autoridad. Esta no tiene ninguna obligación de admitirla. Al tratarse de una dispensa, se aplicaría el canon 90.

Por último, los electores que formularon la postulación quedan privados de la capacidad de revocar dicha postulación, a no ser que obtengan la autorización de la autoridad competente.

9.2.3. La admisión o denegación de la postulación (can. 183)

Canon 183.
 § 1. Si no se admite la postulación por la autoridad competente, el derecho de elegir vuelve al colegio o grupo.
§ 2. Pero si es admitida la postulación, se notificará al postulado, que debe responder conforme a la norma del c. 177 § 1.
§ 3. Quien acepta la postulación que ha sido admitida, obtiene inmediatamente el oficio de pleno derecho.

 En el caso de que denegara la autoridad la postulación, el colegio deberá elegir un nuevo candidato. En caso de silencio durante tres meses por parte de la autoridad se entenderá denegada la postulación[47], debiendo el colegio elegir un nuevo candidato. No se excluye que se pueda hacer una nueva postulación con otro candidato.

 Pero si es admitida la postulación por la autoridad competente, el colegio deberá notificarlo al postulado, en plazo de ocho días, a tenor del can. 177 § 1, para su aceptación o rechazo.

El candidato postulado, si acepta, y su postulación ha sido admitida por la autoridad competente, que le ha dispensado del impedimento que pesaba sobre él, obtiene inmediatamente el oficio de pleno derecho.


10. De la pérdida del oficio eclesiástico.



            Al igual que el canon 147 enumeraba taxativamente los modos de provisión de un oficio eclesiástico, el canon 184 señala seis formas por las que se pueden perder el oficio eclesiástico:

a) Dos de forma automática: por transcurso del tiempo prefijado y por cumplimiento de la edad determinada en el derecho.

b) Uno de forma voluntaria: la renuncia.

c) Uno que está entre la forma voluntaria y la forma coactiva: el traslado.

d) Dos de forma coactiva: la remoción y la privación.

Fuera de estas seis formas, no puede perderse la titularidad de un oficio eclesiástico. Únicamente se exceptúa, siempre que lo disponga el derecho, la pérdida de un oficio por  el cese en el oficio de la autoridad que lo nombró[48].

            Cuando un oficio queda vacante, lo primero que hay que hacer es comunicarlo a la autoridad competente de proveer en el oficio.

10.1. Pérdida del oficio eclesiástico (cáns. 185 – 186)


10.1.1.  El título de «emérito» (can. 185)

Canon  185.
Puede conferirse el título de «emérito» a aquel que ha cesado en un oficio por haber cumplido la edad o por renuncia aceptada.

El canon 185 dice que el que ha cesado en el oficio por haber cumplido la edad o por renuncia aceptada por la autoridad eclesiástica, se le puede dar el título de emérito[49]. Este es un título honorífico, a no ser que se le conceda prerrogativas, como es el caso de que si es convocado a un concilio particular, que no es obligatorio sino potestativo, tienen voto deliberativo[50]. En el caso de los párrocos se les puede otorgar el título de párroco emérito, pero lo deben solicitar.


10.1.2.  El cese por transcurso del tiempo prefijado y por cumplimiento de la edad determinada en el derecho (can. 186)

Canon 186.
La pérdida de un oficio por transcurso del tiempo prefijado o por cumplimiento de la edad sólo produce efecto a partir del momento en que la autoridad competente lo notifica por escrito.

            La legislación canónica es reacia, en general, al automatismo fijo para la pérdida del oficio sin la intervención de la autoridad. Aunque sea por transcurso del tiempo prefijado para el ejercicio del oficio, para la pérdida del mismo, se requiere la intervención de la autoridad, que ha de comunicarlo por escrito.

            El transcurso del tiempo, o el cumplimiento de la edad,  podrán ser condición para que la autoridad competente pueda cesar en el oficio a quien lo recibió. El cese sólo tendrá efecto a partir del momento en que sea comunicado por escrito.

            Con frecuencia, el Código habla de que se ha de conferir el oficio por un tiempo determinado. Sin embargo, en el derecho nunca se refiere al cese por cumplir una determinada edad, sino lo que dice es que se ruega al titular que presente la renuncia al cumplir los 75 años[51].

            En España, esta petición de renuncia a los Obispos y párrocos por el derecho común, se ha hecho extensiva a cualquier presbítero que tiene un oficio eclesiástico. La LXXII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, de noviembre de 1994, aprobó una nueva redacción del art. 3 del Decreto general sobre algunas cuestiones especiales en materia económica (1984), que recibió la recognicio de la Sede Apostólica en marzo de 1995, y que obliga en todo el territorio de la Conferencia Episcopal.

La jubilación canónica de los presbíteros procederá según la legislación canónica, prevista para los párrocos en el canon 538 § 3. Esto no obsta para que a partir de los 65 años de edad, y de acuerdo con el Obispo diocesano, los presbíteros se acojan a los beneficios de la ley civil sobre jubilación, siempre que reúnan los requisitos exigidos. La condición del presbítero, que se ha acogido a los beneficios de la legislación civil, es la misma canónicamente; aunque civilmente esté jubilado, canónicamente permanece en activo hasta los 75 años[52]. 

           

9102.  La renuncia (cáns. 187- 188 - 189).

            La renuncia es lo que se llama generalmente presentar la dimisión. Ésta es un derecho de todo aquel que es titular de un oficio eclesiástico. Para ejercer este derecho el titular del oficio, y sobre la validez de la misma, el Código establece condiciones:

10.2.1 Debe estar en su sano juicio (can. 187)

Canon 187.
El que se halla en su sano juicio puede, con causa justa, renunciar a un oficio eclesiástico.

El canon 187 establece dos condiciones: la primera, es que se halle en su sano juicio o razón. Es decir, que haya ponderado el acto. Esto no añade nada a lo que está establecido en el canon 124, para realizar un acto jurídico.

La segunda, es que exista causa justa. Esto es a juicio del renunciante, que es el que puede hacer la apreciación. Ésta puede ser por la imposibilidad de desempeñar con fruto el oficio. Las razones que pueda tener son independientes.

10.2.2.  La renuncia por miedo grave, dolo, error o simonía (can. 188)

Canon 188.
Es nula en virtud del derecho mismo la renuncia hecha por miedo grave injustamente provocado, dolo, error substancial o simonía.

La renuncia hecha por miedo grave, dolo, error o simonía es nula. Si el miedo lo es también por parte del que recibe la renuncia, también es nula. El miedo, directo o indirecto, y el dolo hacen a la renuncia ipso iure inválida. Esto se sale de la norma general, que vimos en el canon 124 y siguientes, que decía que era válida pero rescindible. Si la renuncia se hace con error o por simonía también es nula.

Es importante destacar que el derecho a presentar la renuncia no conlleva abandonar, por propia iniciativa, el oficio o a desentenderse de sus obligaciones. Esto solamente sería válido en el hecho de que la renuncia no necesitara de aceptación por parte de la autoridad eclesiástica, que en el derecho sólo existen dos casos: La renuncia del Romano Pontífice, hecha de modo libre y manifestada formalmente, no tiene que ser aceptada por ninguna autoridad[53]; y el Administrador diocesano, que puede presentar la renuncia de forma auténtica al colegio competente (consultores o canónigos), pero no necesita la aceptación de éste[54].

Nada se dice sobre la renuncia condicionada. Sin embargo, el canon 1743 admite la renuncia condicionada en el oficio de párroco. No veo por qué no pueda ser esto aplicado a los demás oficios, dado que no se prohíbe. La condición que se pone no puede ir contra derecho, contra la moral o que lesione derechos de terceros, y que ha de ser aceptada por la autoridad. Quizás la condición más usual sea la de recibir otro oficio. Esto sí es legítimo porque en la práctica equivale a pedir el traslado.

10.2.3.  Condiciones para la validez de la renuncia (can. 189)

Canon 189.
§ 1. Para que valga la renuncia, requiérase o no su aceptación, ha de presentarse, por escrito o de palabra ante dos testigos, a la autoridad a quien corresponde conferir el oficio de que se trate.
§ 2. La autoridad no debe aceptar la renuncia que no esté fundada en una causa justa y proporcionada.
§ 3. No produce efecto alguno la renuncia que necesita aceptación, si no es aceptada en el plazo de tres meses; la que no necesita aceptación produce su efecto mediante la notificación del renunciante, hecha según norma del derecho.
§ 4. Mientras la renuncia no haya producido efecto, puede ser revocada por el renunciante; una vez que lo ha producido, no puede revocarse, pero quien renunció puede conseguir el oficio por otro título.

La renuncia debe ser presentada –y esto afecta a la validez- por escrito o ante dos testigos ante la autoridad que corresponde proveer del oficio. También debe hacer así, aunque la renuncia no tenga que ser aceptada por ninguna autoridad[55]. La renuncia, para que sea tácita, requiere causa justa y proporcionada. Tanto renunciante como autoridad han de estar de acuerdo. La autoridad tiene un horizonte mayor, ya que tendrá en cuenta otros elementos para ponderar, por ejemplo: si tiene otras personas para ocupar el oficio. Esto puede ser causa de discordia entre el renunciante y la autoridad, pero lo lógico es que exista un diálogo abierto y sincero entre ambos.

El plazo de aceptación de la renuncia es de tres meses. En caso de silencio se entiende que no es aceptada[56]. Por tanto, si pasa los tres meses, la consecuencia jurídica es que la autoridad no puede aceptar la renuncia porque ha perdido su efecto[57]. La renuncia, que no necesita aceptación por parte de la autoridad, produce la pérdida del oficio en el momento en que se presenta en forma; la renuncia, que necesita aceptación, produce la pérdida del oficio en el momento en que el renunciante recibe la notificación de que ha sido aceptada la renuncia. Mientras tanto, la renuncia puede ser revocada por el renunciante y, si ha perdido el oficio, nada hay en contra para que pueda obtener el mismo oficio por otro título.

10.3.  El traslado (cáns. 190 – 191).

Canon 190.
§ 1. El traslado sólo puede hacerlo quien tiene derecho a conferir tanto el oficio que se pierde como el que se encomienda.
§ 2. Si el traslado se hace contra la voluntad del titular del oficio, se requiere causa grave y, quedando en pie el derecho a exponer las razones contrarias, debe observarse el procedimiento establecido por el derecho.
§ 3. Para que el traslado produzca efecto, ha de intimarse por escrito.

            El traslado supone, simultáneamente, la pérdida de un oficio y la adquisición de otro.  La autoridad competente para trasladar es la misma que tiene potestad para conferir el nuevo oficio; si sólo es competente para conferir un solo oficio, no puede efectuar el traslado[58].

            El traslado puede ser de dos tipos: voluntario y forzoso.

a) El traslado voluntario puede ser pedido espontáneamente por causas justas o también a sugerencia de la autoridad. En este caso se han de observar las condiciones canónicas de la provisión.

b) El traslado forzoso es aquel que se produce en contra de la voluntad del sujeto. Este es impuesto por la autoridad. El traslado forzoso puede ser penal o administrativo.

1. El traslado forzoso penal: Porque el traslado es una pena expiatoria (canon 1336 § 1, 4.º). No se dice en el código que exista un delito que deba ser castigado con el traslado. Este puede ser aplicado a todos los casos en los que se sancionan con una pena justa no determinada. Para estos casos hay que seguir las formalidades previstas en el  código (can. 1341- 1353). La apelación tendría efecto suspensivo, no tiene efecto el traslado hasta que la pena sea firme (canon 1353).

2. El traslado forzoso administrativo: Este tipo de traslado, no porque haya cometido delito alguno sino porque la autoridad considere que el sujeto debe abandonar el oficio por una doble razón:
  • Porque el oficio lo ejerce mal.
  • Porque considere que es la persona más idónea para ejercer un nuevo oficio.

El traslado que se hace contra la voluntad del que posee el oficio, se requiere causa grave y que la autoridad deberá escuchar las razones del sujeto[59]. Para que se produzca el traslado, posteriormente deberá intimarlo por escrito[60]. Este proceso solo existe en el código para los párrocos[61]. Lógicamente podría se recurrido, pero no tiene efectos suspensivo.
           
Canon 191.

§ 1. En caso de traslado, el primer oficio queda vacante con la toma de posesión canónica del segundo, a no ser que otra cosa disponga el derecho o prescriba la autoridad competente.
§ 2. El trasladado percibe la remuneración correspondiente al primer oficio, hasta que toma posesión canónica del segundo.

La norma general es que el primer oficio queda vacante con la toma de posesión canónica del segundo oficio (canon 191). Sin embargo hay dos excepciones: la primera, que el derecho disponga otra cosa[62]; la segunda, que la autoridad competente puede disponer de modo distinto.

El sujeto trasladado recibe la remuneración correspondiente al primer oficio, hasta que no tome posesión del segundo oficio.

10.4. La remoción (cáns. 192 – 195).

            La remoción del oficio consiste en el cese de un oficio impuesto por la autoridad en contra de la voluntad del titular del oficio sin que lleve consigo la concesión de otro oficio eclesiástico.

            La finalidad directa de esta figura de la remoción, no es principalmente sancionar al titular del oficio por un comportamiento inadecuado, sino procurar el mayor bien de los destinatarios del oficio. Por eso puede darse la remoción sin que exista culpabilidad del removido. Así, el canon 1740, que habla de la remoción de los párrocos, podría aplicarse también a otros casos.

            La remoción puede ser de dos tipos: remoción automática, a iure, por el derecho mismo, y remoción decretada por la autoridad competente.

10.4.1. La remoción automática (can. 194)

Canon 194.
§ 1. Queda de propio derecho removido del oficio eclesiástico:
1/ quien ha perdido el estado clerical;
2/ quien se ha apartado públicamente de la fe católica o de la comunión de la Iglesia;
3/ el clérigo que atenta contraer matrimonio, aunque sea sólo civil.
§ 2. La remoción de que se trata en los nn. 2 y 3 sólo puede urgirse si consta de ella por declaración de la autoridad competente.


 Este canon regula la remoción automática, a iure, y se da en tres supuestos de hecho:

a)  Por pérdida del estado clerical. Desde ese momento, se pierde también el oficio que tuviera. El estado clerical se pierde, como dice el canon 290:
  • Por sentencia judicial o por decreto administrativo que declare la invalidez de la ordenación.
  • Por la pena de dimisión legítimamente impuesta por un delito.
  • Por rescripto de la Sede Apostólica, la vulgarmente llamada “secularización”.

La pérdida del estado clerical no puede ser establecida en una ley particular[63]. Para imponer esta pena tiene que haber un tribunal colegial[64]. En todos los delitos en los que se dice que se puede imponer esta pena, lo será en el caso más extremo[65].

b)  Quien se ha apartado públicamente de la fe. Este tiene más dificultad de interpretación. Estar en comunión con la Iglesia es indispensable para recibir y ejercer un oficio eclesiástico. Si uno pierde la fe o la comunión con la Iglesia, ya no es idóneo. Esta disposición crea dificultad en la aplicación a los casos concretos, ya que también hace falta que exista notoriedad. Se habla de publicidad, que es lo que se puede probar en el fuero externo.

            La pérdida de la fe y de la comunión con la Iglesia son actos lentos en el proceso psicológico de la persona. Nadie se levanta habiendo perdido la fe y la comunión con la Iglesia. Por ello, será problemático determinar en qué momento dejó de estar en comunión con la Iglesia, dado su importancia ya que desde ese momento los actos jurídicos realizados son nulos, pues el sujeto a iure pierde el oficio.

c)  El clérigo que atenta[66] contraer matrimonio, aunque solo sea civil, queda removido del estado clerical y de todo oficio eclesiástico que pudiera ejercer.


10.4.2. La remoción decretada por la autoridad (can. 193)

Canon 193.
§ 1. Nadie puede ser removido de un oficio conferido por tiempo indefinido, a no ser por causas graves y observando el procedimiento determinado por el derecho.
§ 2. Lo mismo vale para que pueda ser removido antes del plazo prefijado, el que recibió un oficio por tiempo determinado, sin perjuicio de lo establecido en el c. 624 § 3.
§ 3. Puede ser removido, por causa justa a juicio de la autoridad competente, aquel a quien, según las prescripciones del derecho, se ha conferido un oficio por un tiempo que queda a la prudente discreción de la autoridad.
§ 4. Para que produzca efecto el decreto de remoción, deberá intimarse por escrito.

Este canon regula la remoción decretada por la autoridad y hace una escala:

·         Cuando un oficio se ha conferido por un tiempo indefinido o por un tiempo determinado, para la remoción del titular hace falta causa grave.
  • Si el oficio ha sido conferido por un tiempo, o a la prudente voluntad del que lo confiere, entonces requiere causa justa.
  • En los procesos de remoción del párroco, hay que seguir lo que establece el canon 1740. En todo caso, para la validez y para que surta efecto, es preciso que la remoción se haga mediante decreto escrito y motivado[67]. El decreto puede ser recurrido.


10.4.3. La autoridad proveerá el sustento del removido del oficio (can. 195)

Canon 195.
Si alguien es removido de un oficio con el que se proveía a su sustento, no de propio derecho, sino por decreto de la autoridad competente, la misma autoridad debe cuidar de que se provea por tiempo conveniente a su sustento, a no ser que se haya provisto de otro modo.

Este canon dice que, en el caso de remoción por decreto, cuando el oficio proveía el sustento de su titular, la autoridad que ha procedido a la remoción ha de procurar seguir proveyendo a su sustento por un tiempo conveniente, a juicio discrecional de la autoridad, sin perjuicio de las leyes civiles.

Si el removido es un presbítero que, según el canon 384, corresponde al Obispo diocesano la honesta sustentación de su presbiterio. El canon no distingue las razones por las que se ha removido del oficio, por lo que está obligado el Obispo a proveerle de los medios de sustentación.

10.5. La privación (can. 196)

Canon 196.
§ 1. La privación del oficio, como pena que es por un delito, solamente puede hacerse según la norma de derecho.
§ 2. La privación produce efecto según prescriben los cánones del derecho penal.

            La privación es la pérdida del oficio eclesiástico como pena por un delito[68]. Por tanto, como tal pena o castigo, la privación solamente podrá aplicarse ad normam iuris, según la norma del derecho, concretamente del derecho penal. En caso de privación,  el recurso tiene efectos suspensivos, por lo que el titular sigue en el oficio hasta sentencia firme.

            Los delitos que existen en el Código en los que se establece la privación son: El abuso grave de la potestad eclesiástica o del oficio[69]. El incumplimiento grave de la obligación de residencia después de ser amonestado[70]. En el caso de los jueces,  por prevadicación u otros delitos graves[71]. La solicitud de pecado contra el sexto mandamiento en confesión[72] . El delito de homicidio, rapto o mutilación[73].

En ningún caso se habla de que la pena es obligatoria, por lo que la pena no puede ser latae sentenciae, es decir, aquella que se incurre en la pena por el mero hecho de la comisión del delito. En caso de sanción, la pena tiene que ser ferendae sentenciae,  es decir,  aquella que es impuesta por sentencia o decreto.






[1] Así, por ejemplo: el oficio eclesiástico de Papa en sede vacante tiene entidad en sí mismo, aunque en ese momento no lo ejerza nadie.
[2] Cf. can. 228

[3] Ciertamente, en el Código-1917, se decía  que sólo los clérigos pueden obtener oficios para los que se requieren la potestad de orden o la potestad de régimen (cf. Libro II (De personis), Parte I (De clericis), Sección I (De clerici in  genere), Título IV (De officiis ecclesiasticis), cáns. 145 – 195).

[4] Cf. Código-1917, can. 1409. Un gran inconveniente que tenía el sistema beneficial era las desigualdades económicas que creaba entre el clero. Podía darse el caso, que en un lugar donde no existiera mucho trabajo pastoral hubiese un beneficio bien dotado económicamente; en cambió, en un lugar de mucha actividad pastoral, no existiera beneficio alguno. Es decir, la remuneración económica del clérigo no estaba en relación con la actividad pastoral desempeñada.

[5] «Los presbíteros, dedicados al servicio de Dios en la realización de la tarea a ellos confiada, merecen recibir una justa remuneración, porque el obrero merece su salario  (Lc 10, 7)  y el Señor, a los que anuncian el Evangelio, les mandó vivir del Evangelio (1 Cor 9, 14). Por eso, en la medida en que no se haya asegurado de otra forma una justa remuneración de los presbíteros, los propios fieles, ya que los presbíteros se preocupan de su bien, tienen verdadera obligación de preocuparse de que se les proporcionen los medios necesarios para llevar una vida digna y respetable. Los obispos deben recordarles a los fieles esta obligación. Además deben procurar, cada uno para su diócesis o mejor varios juntos para un territorio común, que se establezcan normas con las cuales se asegure debidamente la honesta sustentación de los que realizan o han realizado alguna función al servicio del Pueblo de Dios. La remuneración que cada uno ha de recibir, teniendo, sin duda, en cuenta la naturaleza de la función misma y las condiciones de tiempos y lugares, debe ser fundamentalmente la misma para todos los que se encuentran en iguales circunstancias. Debe ser, además, adecuada a su condición y permitirles no sólo asegurar la debida remuneración de las personas dedicadas al servicio de los presbíteros, sino también ayudar personalmente de alguna manera a los pobres. En efecto, el servicio a los pobres gozó siempre de gran estima en la Iglesia desde sus primeros tiempos. Finalmente, esta remuneración tiene que permitir a los presbíteros tener cada año el tiempo de vacaciones debido y suficiente. Los obispos deben procurar que los presbíteros puedan tenerlo.
                Es necesario considerar que lo más importante es el oficio que desempeñan los ministros sagrados. Por eso hay que abandonar, o al menos reformar, el sistema llamado de beneficios. Así, la parte de beneficios o el derecho a las rentas anejas por dote al oficio, hay que considerarlo secundario; en cambio, hay que atribuir, en derecho, en primer lugar al propio oficio eclesiástico. Este, en lo sucesivo, significa cualquier cargo conferido de manera estable para realizar un fin espiritual.» Cf. Presbyterorum ordinis, n.º 20.

[6] Así por ejemplo: el Obispo diocesano puede nombrar o no a un presbítero como párroco, pero una vez nombrado no puede recortar los derechos y deberes del párroco.

[7] Cf. can. 145 § 2: Las obligaciones y derechos propios de cada oficio eclesiástico se determinan, bien por el mismo derecho por el que se constituye, bien por el decreto de la autoridad competente que lo constituye y a la vez lo confiere.

[8] «Por tanto, para proteger debidamente la libertad de la Iglesia y para promover más adecuada y fácilmente el bien de los fieles, el sagrado Concilio desea que en adelante no se conceda ya más a las autoridades civiles ningún derecho o privilegio de elegir, nombrar, presentar o designar obispos. A aquellas autoridades civiles que actualmente, en virtud de los acuerdos o por costumbre, gozan de derechos o privilegios, este sagrado Sínodo les pide cortésmente que, previo entendimiento con la Sede Apostólica renuncien espontáneamente a ellos, al mismo tiempo que reconoce con gratitud y estima su actitud deferente hacia la Iglesia» Decreto Christus Dominus, n.º 20.

[9] Podemos mencionar como ejemplo en el que la norma canónica no reserva a la autoridad canónica que erigió el oficio eclesiástico la competencia de proveerlo, la provisión canónica del Administrador diocesano en una diócesis que ha quedado en sede vacante. La autoridad que erigió el oficio eclesiástico es el Romano Pontífice. Sin embargo, la norma canónica establece que la designación del Administrador diocesano corresponde al colegio de consultores de la diócesis vacante (cf. can. 421).

[10] Cf. can. 205

[11] Un ejemplo de ley particular que determina las condiciones de idoneidad para los oficios eclesiásticos lo tenemos en el art. 13 del Reglamento general de la Curia Romana, en el que se dice que la idoneidad de los candidatos debe comprobarse con los adecuados títulos de competencia y eventuales exámenes (cf. SECRETARIA DE ESTADO, Reglamento general de la Curia romana, art. 13 § 4)

[12] Cf. can 377, para el nombramiento de Obispos, y el can. 494, para el nombramiento de ecónomo diocesano.

[13] La simonía, como sabemos, deriva de Hch 8, 18-19, que narra cómo Simón el mago, pretendió comprar a los apóstoles el don del Espíritu Santo, recibido por la imposición de manos, con el fin de obrar los prodigios que realizaban los apóstoles.

[14] Son oficios con cura de almas, aquellos que tienen asignada la directa atención pastoral a los fieles, para brindarles los instrumentos salvíficos, la Palabra y los Sacramentos. Estos son  el oficio de Obispo diocesano, el de párroco y de capellán. En cambio, no tiene cura de almas aquellos oficios más técnico o administrativo, como pueden ser los de canciller o ecónomo, pudiendo ser realizados, incluso, por laicos.
[15] Cf. can. 230 § 1

[16] Cf. Lumen gentium, n. 29; Catecismo de la Iglesia Católica, n.º 1554.

[17] Por ejemplo, son incompatibles legalmente los siguientes oficios: el de ecónomo diocesano y el de Administrador diocesano (can. 423 § 2); el de Vicario general o episcopal con el de canónigo penitenciario (can. 478 § 2); el de defensor del vínculo y el de promotor de justicia en la misma causa (can. 1436 § 1).

[18] No podrá ser designado Administrador diocesano quien ha sido elegido, nombrado o presentado para dicha sede (can. 425 § 1); igualmente tiene incompatibilidad legal el pariente del obispo, hasta el cuarto grado, para pertenecer al consejo de economía (can. 492 § 3).

[19] Cf. can  153 § 2

[20] Cf. can. 153 § 3

[21] El Código establece una provisión de oficio eclesiástico por suplencia en el caso de la designación del Administrador diocesano. Corresponde hacerla, en prime lugar, al colegio de consultores de la diócesis. Pero si, por cualquier motivo, en el periodo de ocho días no lo ha hecho, corresponde al Metropolita realizarla; Si se tratara del administrador diocesano de la sede metropolita, correspondería la designación al obispo sufragáneo más antiguo en el orden de promoción (can. 421).  Al asumir el oficio, el Administrador diocesano  deberá emitir profesión de fe ante el Colegio de consultores, no ante el Arzobispo metropolita (can. 833, 4º), y necesitará el consentimiento de dicho Colegio, no del Arzobispo metropolitano, para realizar ciertos actos de gobierno (cf. cáns. 272 (excardinación de clérigos); 485 (remoción del canciller o notarios); 1018 § 1, 2º (concesión de letras dimisorias para ordenación).

[22] Cf. can. 421
[23] Así, por ejemplo: el can. 557: El Obispo diocesano nombra libremente al rector de una iglesia, sin perjuicio del derecho de elección o de presentación, cuando éste competa legítimamente a alguien; en este caso, corresponde al Obispo diocesano confirmar o instituir al rector; el canon 682 § 1: Cuando se trate de conferir en una diócesis un oficio eclesiástico a un religioso, éste es nombrado por el Obispo diocesano, previa presentación o al menos asentimiento del Superior competente.

[24] Cf. can. 158 § 1: La presentación para un oficio eclesiástico por aquel a quien compete el derecho de presentación debe hacerse a la autoridad a quien corresponde otorgar su institución, y si no se ha establecido legítimamente otra cosa, se hará en el plazo de tres meses desde que tuvo conocimiento de la vacación del oficio.

[25] Cf. can. 160 § 2: Nadie puede presentarse a sí mismo; pero un colegio o grupo de personas puede presentar a uno de sus miembros.

[26] Cf. can. 160 § 1: Quien tiene derecho de presentación puede presentar a uno o varios, tanto simultánea como sucesivamente.
[27] Cf. can. 161 § 1: Si el derecho no establece otra cosa, quien hubiera presentado a uno que no fue considerado idóneo, sólo puede presentar a otro en el plazo de un mes.

[28] Cf. can. 159: Nadie sea presentado contra su voluntad; por tanto, el candidato propuesto puede ser presentado si, al ser consultado sobre su voluntad, no rehúsa en el plazo de ocho días útiles.

[29] Cf. can. 161 § 2: Si el presentado renuncia o fallece antes de hacerse su institución, quien tiene el derecho de presentación puede ejercerlo de nuevo en el plazo de un mes a partir del momento en que haya recibido la noticia de la renuncia o de la muerte.

[30] Cf. can. 163: La autoridad a la que, según derecho, compete instituir al presentado, instituirá al legítimamente presentado que considere idóneo y que haya aceptado; si son varios los legítimamente presentados y considerados idóneos, debe instituir a uno de ellos.

[31] Cf. can. 162: Quien no realiza la presentación dentro del plazo útil, conforme a la norma de los cans. 158 §1, y 161, así como quien por dos veces presenta a persona no idónea, pierde para esa ocasión el derecho de presentar, y corresponde proveer libremente el oficio vacante a la autoridad competente para otorgar la institución, siempre que dé su consentimiento el Ordinario propio del nombrado.

[32] Cf. En el anterior Código-1917, en el canon 1466 § 3, se decía que debía instituirse al más idóneo en el Señor. 

[33] Cf. can. 158 § 1
[34] Cf. can. 114 § 2
[35] Por ejemplo, por video-conferencia.
[36] Esto fue lo que ocurrió en el Cisma de Occidente. La elección del Papa Urbano VI fue motivada por la presión del pueblo, que exigía un pontífice italiano, amenazando con ello a los cardenales electores. Producida la elección y habiendo salido de Roma una parte de los cardenales electores, éstos se reunieron y argumentaron su falta de libertad en la elección, eligiendo un nuevo Papa.

[37] Cf. can.172 § 1, 1º

[38] Cf. can. 125 § 2.

[39] Cf. can.   687: el religioso exclaustrado; can. 1336, 1º y 2º: por pena expiatoria.

[40] No se dice que tenga que ser el presidente del colegio, por lo que los estatutos podrá determinar a quien le corresponde. Lo normal es que sea el miembro del colegio de más edad.

[41] Aquí se presenta un problema práctico. El acta de la reunión suele presentarse para su aprobación en la siguiente reunión. Esta puede dilatarse en el tiempo. Cuando se trata de un acta de votación que se requiere para la aprobación o confirmación en el cargo por la autoridad correspondiente, a fin de evitar recursos de nulidad por no haber sido aprobada por el colegio, es aconsejable que se redacte en el mismo acto y se presente para su aprobación. La resolución que ha realizado la Conferencia Episcopal Española ante recursos de nulidad, por no haber sido aprobada el acta por el colegio ha sido la de presunción de legalidad, por lo que los que presentaban recurso debían probar la ilegalidad de la confirmación o aprobación en el cargo.

[42] Por ejemplo: el presidente de una asociación privada de fieles, al menos que conste en los estatutos; tampoco necesita confirmación de la autoridad la elección de Papa...

[43] Por ejemplo: el presidente de una asociación pública de fieles necesita la confirmación.

[44] Cf. can 18
[45] Cf. can. 1337

[46] Por ejemplo: el impedimento de edad para ser elegido para un cargo en el que está establecido una edad concreta. Si el candidato es menor en un año o aproximado, se puede dispensar de la edad.

[47] Cf. can. 57
[48] can. 481 § 2: Suspendido de su cargo el Obispo diocesano, se suspende la potestad del Vicario general y del Vicario episcopal, a no ser que sean Obispos; también en la Constitución Apostólica Pastor Bonus, n.º 6, se establece que los dirigentes de los dicasterios de la Curia Romana cesan al fallecer el Romano Pontífice.

[49] En el caso del Obispo diocesano, al que se le ha aceptado la renuncia, le corresponde el título de Obispo dimisionario (canon 402 § 1).

[50] Cf. can. 443 § 2
[51] Cf. can. 354: los Cardenales al frente de los dicasterios; can. 451 § 2: para los Obispos diocesanos; can. 411: para los Obispos coadjutores y auxiliares; can. 538 § 3: para los párrocos... También las normas orgánicas y procesales del Tribunal de la Rota de Madrid, aprobadas por la Santa Sede el 2 de octubre de 1999, determinan que los jueces, promotores de justicia y defensor del vínculo cesan al cumplir los 75 años.

[52] Desde el punto de vista del Derecho del Estado, un sacerdote que se ha acogido al beneficio civil de la jubilación plantea una cuestión: ¿puede seguir desempeñando el mismo oficio por el que se ha venido cotizando a la Seguridad Social y por el que está recibiendo la jubilación?. Se hizo la oportuna consulta a las instancias del Estado, respondiendo “que siempre que la cantidad percibida por el desempeño del oficio sea para garantizar su sustento, sí es compatible”. La norma general, de la Iglesia española, es que una parte del salario, del sacerdote jubilado civilmente, corresponde a la percepción por jubilación y otra parte es un complemento hasta alcanzar el mínimo vital establecido en la diócesis. De este modo, el sacerdote jubilado civilmente percibe la misma remuneración que los demás sacerdotes activos.


[53] Cf. can. 332 § 2

[54] Cf. can. 430 § 2:
[55] Cf. cáns. 332 § 2; 430 § 2

[56] Cf. can. 57 § 2

[57] Esto no quiere decir que el renunciante pierda su derecho de presentar nuevamente la renuncia.

[58] Sí podría hacer el traslado si el nuevo oficio que confiere es el mismo que el anterior, por ejemplo, el de párroco. Así, por ejemplo, un Vicario episcopal podría hacer traslado de párrocos, pero no podría hacer un traslado para conferir un nuevo oficio, de cual no tiene potestad.
[59] Cf. can. 190 § 2

[60] Cf. can. 190 § 3

[61] Cf. cáns. 1478 - 1452

[62] Cf. can. 418 § 2, 1.º
[63] Cf. can. 1317

[64] Cf. can. 1425 

[65] Cf. canon 1364 § 2


[66] Poner el acto jurídico, aunque sea nulo.

[67] Cf. can. 193 § 4
[68] Cf. can. 1336 § 1, 2.º

[69] Cf. can. 1389 § 1

[70] Cf. can. 1396

[71] Cf. can. 1457

[72] Cf. can. 1387

[73] Cf. can. 1397